En busca de una nueva medida que ayude a controlar la escalada de la inflación, el Ministerio de Economía anunció la decisión de que el Mercado Central desempeñe un nuevo rol en la fijación de precios de las verduras y las frutas.

Esta decisión se encuentra dentro del paquete que pretende implementar el Gobierno desde mañana y que contempla, entre otras alternativas, el aumento de las tasas de interés. La idea es que el Mercado Central se convierta en importador directo de alimentos, algo que hasta el momento no estaba contemplado.

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El nuevo ajuste en las decisiones financieras surgió luego de la reunión que encabezó el ministro Sergio Massa y en la que estuvieron presentes el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores de la cartera, Leonardo Madcur; el secretario legal y administrativo, Ricardo Casal; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular de Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto; el director general de Aduanas, Guillermo Michel; y el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Marco Lavagna, entre otros.

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Desde el Palacio de Hacienda deslizaron que el “nuevo rol” que se buscará dar al Mercado Central apuntará a lograr “reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos -frutas, verduras, hortalizas, carnes- y productos secos no perecederos, de manera de defender el poder de consumo de las personas”.

De esta manera, el Mercado Central será habilitado dentro del Registro de Importadores, para que pueda actuar dentro del mismo.

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Todo esto se desencadenó luego de que, desde la Secretaria de Comercio, se detectaran distorsiones en los precios de los alimentos por el abuso de empresas con posición dominante de mercado.

Bajo esta nueva normativa, el Mercado Central podrá importar en forma directa productos con Arancel Cero, creando mayor oferta de productos sin costo de intermediación, los que serán ofrecidos al público y a los comercios minoristas de cercanía de manera directa.

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Para lograr esto se podrán generar fideicomisos público/privados para la compra de productos alimenticios, en la que cada comercio de cercanía podrá ser un cuotapartista aportando fondos para la compra centralizada, lo que generará mejores precios y eliminar la intermediación en la venta de dichos productos y los abusos de los distribuidores y las grandes empresas.

Uno de los alicientes previstos para quienes operan en el mercado es la suspensión del pago del canon por 90 días para los puesteros que cumplan con los precios máximos fijados por la Secretaría de Comercio.